Familia y testaferros ocultan propiedades inmobiliarias engañando al Poder Judicial

Empresario estafador no devuelve lo robado a empresas agraviadas

Las compañías estafadas por el empresario chiclayano Jan Bernhardt Riggs por más de un millón de dólares, han interpuesto tres demandas de nulidad de actos fraudulentos el 25 de junio del 2011 contra éste individuo y varios de sus familiares, por haber simulado actos de transferencia de propiedad relacionados con diversos inmuebles e incluso una empresa (PRONATUR EIRL), con la finalidad de ocultar sus bienes y engañar al Poder Judicial para no devolver el monto estafado, reveló el apoderado legal de una de las compañías, Ricardo León Pastor.

Como se informó (Del País 01/03/2010), Jan Bernhard Riggs fue condenado a cuatro años de prisión al ser hallado culpable de los delitos de Estafa en agravio y por falsificación de documentos públicos en agravio del notario público Juan Carlos Sotomayor (Exp. 17-05 - 29°Juzgado Penal de Lima).

Con estos documentos falsos, supuestamente garantizaba operaciones como transferencias de acciones y reconocimientos de deuda, todo ello sin valor.

Poder Judicial ordena devolver lo estafado

La sentencia de la juez Fanny García Juarez del 29° Juzgado, y ratificada en última instancia por la Quinta Sala Superior especializada en lo Penal, ordenó que el procesado «restituya a las empresas agraviadas el monto de lo ilícitamente estafado», así como el pago de S/.10,000 soles de reparación civil.

De no cumplir con lo resuelto por el Poder Judicial, la pena suspendida en calidad de condicional, se volvería prisión efectiva y debería ser encerrado en la cárcel para evitar cumplir con la resolución judicial y devolver lo estafado a las empresas que actuaron de buena fe. Jan Bernhard Riggs presentó ante el 29° Juzgado Penal, en dos escritos del 31 de agosto y del 24 de setiembre del 2009, donde manifestaba que no contaba bienes muebles e inmuebles de su propiedad y que su único ingreso era el sueldo que percibía en la empresa PRONATUR (de propiedad de su madre, y administrada por su esposa, María Orosco).

Pero, oh sorpresa, por indagaciones efectuadas en los Registros Públicos se supo que el empresario Jan Bernhard Riggs figura como propietario de varios bienes inmuebles los mismos que en los últimos años han sufrido una serie de movimientos sospechosos por decir lo menos, siendo transferidos a familiares directos en algunos casos mientras que en otros figura como propietaria su esposa en condición de soltera lo que es evidentemente falso.

Las empresas afectadas señalan en sus demandas que estos actos de simulación las afectan gravemente pues si bien han logrado que el Poder Judicial condene a Jan Bernhard Riggs por los delitos de estafa y contra la fe pública en agravio de ellas, el condenado no ha cumplido con pagarles lo establecido en la sentencia respectiva.

Crónica de una estafa

Entre los años 2002 y 2003, Jan Bernhard Riggs dio rienda suelta a su ilícito accionar delictivo. El «modus operandi» empleado por Jan Bernhard Riggs para estafar a estas empresas fue a través de la falsificación de documentos hipotecarios, e incluso falsificó la firma del notario norteño Juan Carlos Sotomayor. Con estos documentos falsos, supuestamente garantizaba operaciones como transferencias de acciones y reconocimientos de deuda por cientos de miles de dólares, todo ello sin valor.

Jan Bernhard Riggs falsificó una hipoteca (Escritura Pública de actualización de valores de reconocimiento de deuda con garantía hipotecaria y prendaria), que le permitió acceder a préstamos bancarios por más de un millón de dólares, mediante la renovación de cartas de crédito respaldadas por una de las empresas afectadas, a favor del estafador.

Asimismo, con otra hipoteca falsificada (Escritura pública de deuda con garantía hipotecaria y prendaria) logró la transferencia en venta del 80% de la empresa PERCOF a su nombre, obteniendo un provecho ilícito.

Los representantes de las empresas afectadas sostuvieron que realizaron ambas operaciones de buena fe al considerar que sus acreencias se encontraban debidamente garantizadas, lo que no era así, por cuanto los documentos presentados eran falsos.

Tomada del Diario Del País 8/9/2011